La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) impulsa un manifiesto en defensa del sector turístico catalán y del modelo de viviendas de uso turístico. Ante los efectos negativos de la nueva regulación del Govern de la Generalitat, la federación pide apoyo a los principales actores y asociaciones empresariales para exigir a las instituciones una mayor sensibilidad y responsabilidad ante un sector que en 2022 generó 21 mil millones de euros.
Ante la precariedad de acceso a la vivienda, y en un contexto de crecimiento de la demanda del alquiler e incremento de la población catalana, el Govern de la Generalitat, desde el Departament de Territori, ha presentado una nueva regulación urbanística, unilateralmente y de espaldas al sector y al territorio. Una propuesta en formato Decret Llei que prevé restricciones a la actividad desarrollada por las viviendas turísticas y que podría terminar hasta con el 80% de este modelo de alojamiento.
Qué pasa?
Catalunya cuenta con un total de 102.798 viviendas de uso turístico, lo que representa 574.591 plazas, un 39,4% del total de plazas de alojamiento turístico del territorio. Estas viviendas representan un 2,56% del parque total de viviendas de Catalunya, una proporción tan baja que en ningún caso puede tener incidencia en la falta de vivienda habitual. El ejemplo más significativo es el caso de Barcelona, donde las licencias para nuevas viviendas turísticas están congeladas desde 2014, hecho que hace imposible su responsabilidad en el actual incremento de precios en la ciudad. Además, las características específicas de las viviendas de uso turístico hacen que sea la opción más elegida por el público familiar (un 75,9% de los usuarios de estas viviendas son familias o parejas). Éstos buscan un alojamiento que les permita disfrutar de sus vacaciones con comodidad, adaptado a sus necesidades. Este público se verá directamente afectado por las nuevas regulaciones.
Más contradicciones
Las viviendas de uso turístico aportan el 2,94% del PIB turístico catalán, sin tener en cuenta el impacto indirecto y el inducido, y suponen un 6% de los puestos de trabajo al sector turístico de Catalunya. El 2022 se estima que el impacto económico, directo e indirecto, de las viviendas de uso turístico catalanas fue de unos 21 mil millones de euros. Una cifra que mayoritariamente se destina fuera del alojamiento, puesto que solo el 25,7% corresponde al coste del alquiler. El 74,3% corresponde a gastos hechas por los viajeros en comercio, restauración, visitas culturales o atracciones turísticas, entre otros.
El mundo turístico, del comercio, la restauración y la cultura sufrirán en primera persona el impacto negativo que supondrá la destrucción del sector de las viviendas de uso turístico. Con las restricciones derivadas de la aplicación de la nueva regulación, sectores clave en nuestra economía, como la restauración y el pequeño comercio, se verán gravemente afectados. La sinergia entre las viviendas de uso turístico y estos sectores ha sido un elemento crucial para el desarrollo económico de nuestras comunidades, y estas medidas amenazan con desencadenar consecuencias adversas para todos los actores involucrados. De hecho, los datos determinan que, del total de compras en productos y servicios que hacen los usuarios de estas viviendas, un 65% se realizan en el barrio o comercio de proximidad.
Reclamamos
Por todos los motivos aquí expuestos, reclamamos al Govern de la Generalitat que, antes de regular y establecer medidas restrictivas, hace falta, en un ejercicio de responsabilidad política y transparencia, crear una comisión integrada por las diferentes administraciones, los sectores afectados y expertos en la materia, a fin de disponer de una diagnosis rigurosa de la situación. Esta comisión permitirá trabajar en las diferentes alternativas que puedan aportar soluciones a la cuestión planteada de carencia de vivienda. Y, sobre todo, evitará la desaparición de un sector que genera riqueza y actividad económica de forma directa y tiene incidencia en ciudades, comercios y negocios del alrededor. Por todo esto, solicitamos la no convalidación del Decret Llei y que se inicie un proceso de regulación previa análisis, así como un diagnóstico profundo de la situación.
